El reciente decreto legislativo aprobado en mayo de 2024 ha abierto una puerta importante para la legalización de construcciones en suelo rústico en las Islas Baleares. Esta normativa transitoria, que permite la legalización de edificaciones durante un plazo máximo de tres años, representa una oportunidad significativa para muchos propietarios que desean regularizar sus propiedades y, al mismo tiempo, plantea varios desafíos que deben ser considerados con detenimiento.
Esta Ley, tiene como objetivo principal reducir la burocracia y facilitar procesos administrativos, y además no sólo busca acelerar la concesión de permisos de construcción y la distribución de subvenciones, sino que también establece un marco para la legalización extraordinaria de edificaciones en suelo rústico. Sin embargo, la aplicación de esta ley está sujeta a múltiples condiciones y excepciones, lo que requiere un análisis detallado de cada caso individual.
Para comenzar, es crucial entender que la legalización sólo es aplicable a edificaciones ubicadas fuera de zonas urbanizadas. Las construcciones en áreas urbanas, como Palma, están excluidas de este proceso. Además, las edificaciones deben estar fuera del alcance de cualquier proceso legal pendiente y haber transcurrido el plazo de prescripción, que varía entre ocho y doce años dependiendo de la localización y protección de la zona. Este marco excluye explícitamente propiedades situadas en áreas de protección de costas o en servidumbres de carreteras, así como complejos hoteleros.
El proceso de legalización requiere que los propietarios paguen una serie de tasas e impuestos al municipio correspondiente. Estas tasas son escalonadas, comenzando con un 10% del valor del proyecto de construcción en el primer año, incrementándose a un 12.5% en el segundo año y a un 15% en el tercer año. Cuanto antes se presente la solicitud de legalización, menor será el costo. Además, pueden ser necesarias medidas adicionales, como mejoras en la eficiencia energética, para cumplir con los requisitos de sostenibilidad ambiental.
Uno de los aspectos más controvertidos de esta ley es la prohibición de destinar las edificaciones legalizadas a la comercialización de estancias turísticas. Esta restricción ha generado preocupación entre los propietarios que previamente habían obtenido licencias para alquiler vacacional.
A pesar de las complejidades y los costos asociados, la legalización de propiedades puede ofrecer beneficios significativos. Regularizar una edificación no solo proporciona seguridad jurídica al propietario, sino que también puede incrementar el valor de la propiedad y facilitar futuras transacciones. Sin embargo, dada la complejidad del proceso y las múltiples variables a considerar, es altamente recomendable buscar asesoramiento profesional.
En este sentido, nuestro despacho Omnia Consulting ofrece servicios integrales de asesoramiento jurídico y técnico en colaboración con arquitectos especializados. Este tipo de apoyo puede ser invaluable para garantizar que el proceso de legalización se realice de manera eficiente y conforme a la normativa vigente. En resumen, la nueva ley de legalización de viviendas en suelo rústico en Baleares representa una oportunidad única para los propietarios, pero también implica una serie de desafíos y requisitos que deben ser manejados cuidadosamente. La clave para aprovechar al máximo esta oportunidad radica en la comprensión detallada de la normativa y en la obtención de asesoramiento profesional adecuado para navegar este complejo proceso.